Fidel Araujo se encargó de negociar magnicidio. Araujo ofreció dinero para matar a Correa. Titulares como estos serían inimaginables en un país donde existen derechos civiles como aquel que habla de la presunción de inocencia o del justo proceso.
Serían absolutamente inconcebibles en cualquier democracia más o menos madura si no hubiera habido antes una sentencia de un tribunal o un juez competente.
Pero no, estos titulares son perfectamente posibles y aparecieron en el Ecuador, donde los evangelistas de Montecristi prometieron un sistema justo y solidario.
Y no aparecieron en la prensa corrupta, mediocre y mentirosa. No, estos titulares aparecieron el viernes en las páginas del diario estatal El Telégrafo cuando Araujo, culpable o no de cualquier cosa, no ha cumplido aún ni con los 90 días de prisión a los que le condenaron hasta ser investigado por los sucesos del 30-S.
Estos titulares, en verdad, jamás hubieran aparecido si no fuera porque quien afirmó con seguridad que Araujo quiso matar al Presidente fue el propio Presidente. Y porque El Telégrafo no es sino un órgano más de la parafernalia gubernamental y no cumple con el más mínimo principio de un medio público.
Araujo puede ser culpable de cualquier cosa, pero mientras no se lo compruebe lo contrario es inocente.
Correa y El Telégrafo no solo que borraron de un plumazo la garantía que habla de la presunción de inocencia, sino que deberán probar lo que dijeron si no quieren quedar como mentirosos. Claro, eso en un país distinto a este.
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