La política exterior, tradicionalmente, es determinada por el presidente y ejecutada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que cuenta con un servicio diplomático especializado. En los asuntos de gran trascendencia, tradicionalmente también, el presidente consultaba con una Junta de Relaciones Exteriores independiente, integrada por representantes de otras funciones del Estado y por ciudadanos de gran versación y experiencia. El Poder Legislativo podía tomar cuentas sobre la conveniencia de la política del Ejecutivo y de su aplicación práctica. Podía el Legislativo llamar al ministro y requerirle información y, eventualmente, censurarlo por una errada concepción política o una mala ejecución de la misma. Todo eso ha cambiado, la política es determinada exclusivamente por el Ejecutivo sin ningún contrapeso. Solo queda el balance de la opinión pública. Felizmente, como decía Palmerston, las opiniones son más poderosas que los ejércitos. Nuestra política internacional se determina por ideologías, emociones y prejuicios. Se sostiene que con el presente Gobierno el Ecuador ha pasado a ser verdaderamente soberano, tal vez porque expulsa a una embajadora –cosa que ocurrió en el pasado, asimismo con desproporción– o tira de las orejas a otro, o apoya a países lejanos condenados por represores por la comunidad internacional. Se equivocan en su afirmación; fueron actos trascendentales de soberanía: La declaración del mar territorial de 200 millas; la captura de los barcos pesqueros norteamericanos y japoneses, en la guerra del atún; el establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética; el apoyo al reconocimiento del puesto que le correspondía en la ONU a la China continental, en vez de a Taiwán; el no aceptar la presión norteamericana para la expulsión de Cuba de la OEA, en Punta del Este.
Así vamos de bandazo en bandazo: concede el Gobierno asilo en Londres a un ciudadano australiano que nos considera un país insignificante. Contradictoriamente, la Cancillería se opone al asilo concedido por el gobierno de Panamá a un ciudadano ecuatoriano. El Gobierno dice defender los derechos humanos y la libertad de expresión, pero concurre a los organismos regionales para anular la acción de la Ciadhi; y en las Naciones Unidas vota en contra de la censura por las matanzas de la dictadura siria. En el infeliz incidente en el Perú, el presidente afirma en su sabatina que no se atenderá el pedido de retiro del embajador ecuatoriano, y el propio presidente dice, dos días más tarde, afortunadamente, que no se sacrificará la magnífica relación con el Perú por una pelea de mercado; se regala a Cuba quince mil toneladas de arroz que pudieran saciar el hambre de ecuatorianos, y nadie objeta. Mientras el presidente abre en Alemania una pequeña ventana para un acuerdo comercial con Europa, su canciller reúne en Guayaquil a los países de la ALBA y desalienta esa iniciativa. Hay que recordarles que hace varias décadas el Ecuador propulsó y suscribió tratados de libre comercio: el Pacto Andino y la Aladi. Hoy, el Ecuador no participa en la Alianza Latinoamericana del Pacífico, ni tiene un acuerdo comercial con Europa y los Estados Unidos, como los tienen nuestros vecinos. No tiene sentido el aislamiento voluntario en que nos coloca el Gobierno.
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