¿Hay democracia en Ecuador? Parte 3

Daniela Chacón Arias

30 Apr 2013

Hace más de un mes inicié una serie de artículos donde he analizado la situación de la democracia en el Ecuador. Este análisis se ha basado en las características principales de los regímenes democráticos que de acuerdo a los autores Linz y Stepan son: sociedad civil, sociedad política, estado de derecho, aparato estatal eficiente y sociedad económica. En esta tercera entrega de la serie ¿Hay democracia en Ecuador? voy a analizar la segunda de estas características: sociedad política.

La sociedad política implica la existencia de una competencia electoral libre y justa, donde los diferentes actores políticos puedan disputar periódicamente y sin limitaciones ilegítimas el ejercicio del poder. Para ello se requiere que la autoridad electoral aplique imparcialmente las normas que rigen estos procesos y garantice que la competencia se realice en igualdad de condiciones. El cumplimiento de estos requisitos permite que los ciudadanos tengan un abanico de opciones para elegir y que por tanto diferentes visiones puedan estar representadas. La sociedad política no sólo implica la existencia de procesos electorales libres y justos, sino que como corolario incluye el respeto a las instituciones básicas para seleccionar y controlar al gobierno: partidos políticos, oposición, elecciones, reglas electorales, alianzas políticas y el papel de la legislatura como fiscalizador del gobierno de turno.

Elecciones libres, competitivas y justas es uno de los elementos fundamentales de la sociedad política. Éstas se configuran cuando los actores políticos participan en la lid electoral en igualdad de condiciones y no enfrentan trabas para ejercer sus derechos políticos. El Comité de Derechos Humanos de la Unión Europea ha señalado que la competencia en igualdad de condiciones otorga a los electores esa libertad de votar por cualquier candidato, apoyar u oponerse al gobierno y poder formarse una opinión de manera independiente. Ello implica la ausencia de toda influencia, violencia, inducción o manipulación. Para que estas condiciones se cumplan efectivamente, se requiere de una autoridad electoral independiente que aplique reglas electorales, que garantizan una competencia libre y justa, de manera imparcial y apegada al derecho.

El último proceso electoral ecuatoriano estuvo marcado por una serie de irregularidades que ponen en tela de duda la calidad de las elecciones y la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE). En primer lugar, las reglas electorales fueron cambiadas ilegalmente, lo cual terminó beneficiando al partido de gobierno. El Art. 7 del Código de la Democracia prohíbe expresamente se realicen reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de las elecciones. Obviando esta norma, el CNE movió el calendario electoral inicialmente planteado para enero de 2013 a febrero de 2013 a fin de que los cambios introducidos por el Ejecutivo en el veto parcial a las reformas a este código se apliquen a estas elecciones y no en el 2017. Los cambios introducidos de esta manera fueron el método de asignación de escaños D'Hondt y la distritalización de las provincias más populosas del país. Estos cambios terminaron otorgando una sobre representación a Alianza País en desmedro de la representación de otros partidos.

Otro de los cambios que afectó la igualdad de condiciones en que debían competir los diferentes actores políticos se dio por el proceso de reinscripción al que se vieron sujetos los partidos y movimientos políticos. Dada la denuncia por falsificación de firmas, que aún sigue sin resolverse, las organizaciones políticas ya inscritas debieron volver a vivir el proceso desgastante de recolección de firmas, para lo cual debieron usar sus recursos económicos y humanos en desmedro de la promoción de sus cuadros y propuestas. Por el contrario, el partido de gobierno contó con la ventaja de que mientras sus militantes participaban del proceso de recolección de firmas, el aparato estatal promovía incesantemente a través de los medios de comunicación, antes y durante la campaña electoral, las obras del gobierno y por ende al candidato presidencial.

En este sentido, el CNE no cumplió cabalmente su papel de controlar las patentes desigualdades electorales en el proceso de febrero de 2013. El CNE debió sancionar el hecho que se realice publicidad estatal que claramente buscaba inducir el voto en vez de solicitar cordialmente a la Secretaría de Comunicación revea sus pautas, debió prohibir las sabatinas donde se promocionaba abiertamente al candidato presidencial de Alianza País y debió ser más efectivo en el control del uso de bienes públicos para la campaña electoral.

Cabe señalar que bajo ningún concepto estoy desconociendo la victoria del Presidente Correa y el partido de gobierno en la urnas, sin embargo las elecciones de febrero de 2013 y el proceso que llevó a las mismas no cumplió con las condiciones de justicia e igualdad a la que deben sujetarse; y la autoridad que debió asegurarse que así sea, no actuó en concordancia. Cuando las elecciones no son libres, justas y competitivas, no se puede hablar de elecciones democráticas.

Finalmente y trayendo nuevamente a colación las otras implicaciones de la sociedad política, quisiera hacer mención a la importancia de los partidos políticos en una democracia. Los partidos cumplen varias funciones trascendentales: socialización política, creación de opinión, armonización de intereses, formación de elites políticas, canalización de peticiones de la población hacia los poderes y legitimación del sistema político. A mayor institucionalización de los partidos, mejor representados estarán los ciudadanos y la calidad de la democracia incrementará. Si bien los partidos políticos ecuatorianos han dejado mucho que desear, su desaparición no es óptima para el fortalecimiento de nuestra incipiente democracia. Se debe propender a la consolidación de partidos políticos fuertes, con representación nacional que puedan articular las diferentes visiones de país y le otorguen verdadero pluralismo a este país declarado como intercultural y plurinacional. Lamentablemente, el uso del método D'Hondt más la distritalización de las provincias más populosas propende a la consolidación de un solo partido dominante y muchos partidos pequeños tratando de disputarse las migajas. El método D´Hondt es tan legítimo como cualquier otro, así como la distritalización es una práctica común en circunscripciones territoriales con alta densidad poblacional, sin embargo el uso combinado de estos genera un sesgo a favor de un partido. La organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, reportó que el uso de estos métodos otorgó al partido de gobierno 18 legisladores más de los que hubiese obtenido utilizando un método más favorable a representaciones más plurales. Bajo estas condiciones, el estado intercultural y plurinacional es por ahora sólo una declaración más en la Constitución.