Por: Thalía Flores y Flores
06/Febrero/2014
Para aquellos que dudaban de que el objetivo final de la Ley de Comunicación era tomar el control del contenido de los medios de comunicación, la sentencia contra el caricaturista Xavier Bonilla "Bonil" y diario El Universo es la evidencia que les faltaba.
En el Ecuador del siglo XXI, las caricaturas tienen que ser explicadas a la autoridad. En lugar de dibujar para provocar reflexiones y sonrisas, los caricaturistas tendrán antes que revisar las leyes y los manuales que el poder ha impuesto, para asegurarse de no estar incursos en falta alguna.
La auto censura en plena vigencia.
"Bonil" ha tenido que rectificar su caricatura. Y El Universo pagar el 2% de la facturación promediada de los últimos tres meses.
El precedente es funesto. El mal está hecho.
A "Bonil" se lo ha acusado, entre otras cosas, de no haber "verificado la información de su caricatura". Y al periódico le han multado por no haber censurado la caricatura, expresión libre de quien en su oficio interpreta los hechos diarios del país y el mundo.
El demonio está en el detalle. Lo que busca el poder es que los medios controlen lo que opinan los articulistas y los caricaturistas, con lo cual se habrá instituido en el país la censura previa.
¿Se imaginan a los directivos de los diarios leyendo las páginas de opinión para decidir qué se publica y qué no? Las redacciones se habrán transformado en salas de censura. Mientras a los lectores se les habrá condenado a recibir solo la opinión que a criterio de los directivos no ponga en riesgo al medio y al articulista, con lo cual habrán violentado el artículo 18 de la Constitución, que prohíbe la censura previa; así como el artículo 6 que habla del derecho a opinar, garantizado también en instrumentos internacionales. En tanto, al pueblo se le habrá negado el derecho a estar bien informado.
Cuando el aparato de propaganda del oficialismo repetía, día y noche, en intensas campañas, que el propósito de la Ley de Comunicación era pasar la información a manos de la gente, muchos dijimos que no. Que el objetivo supremo del poder era controlar la información para así pretender implantar el pensamiento único.
Qué pena no habernos equivocado.
El engaño comenzó cuando para someter al control de una Superintendencia se calificó a la comunicación como un bien público, cuando se trata de un derecho ciudadano.
La Ley de Comunicación, contiene "disposiciones poco precisas" y "regula a los medios audiovisuales y escritos de un modo que cercena la libertad de prensa", dice el informe anual de Human Rights Watch (HRW) presentado recién en Brasil.
Hoy ha quedado claro que la verdadera intención de la Ley era hacerse con el control del contenido de los medios de comunicación; incluso, metiendo miedo con sentencias.
Con el caso "Bonil" se les ha caído las máscaras y el poder ha quedado al descubierto.
Para el Ecuador es el fin del derecho supremo de opinar y el fin del pensamiento libre. Para el totalitarismo, la gloria. ¡El imperio de la censura!
En el Ecuador del siglo XXI, las caricaturas tienen que ser explicadas a la autoridad. En lugar de dibujar para provocar reflexiones y sonrisas, los caricaturistas tendrán antes que revisar las leyes y los manuales que el poder ha impuesto, para asegurarse de no estar incursos en falta alguna.
La auto censura en plena vigencia.
"Bonil" ha tenido que rectificar su caricatura. Y El Universo pagar el 2% de la facturación promediada de los últimos tres meses.
El precedente es funesto. El mal está hecho.
A "Bonil" se lo ha acusado, entre otras cosas, de no haber "verificado la información de su caricatura". Y al periódico le han multado por no haber censurado la caricatura, expresión libre de quien en su oficio interpreta los hechos diarios del país y el mundo.
El demonio está en el detalle. Lo que busca el poder es que los medios controlen lo que opinan los articulistas y los caricaturistas, con lo cual se habrá instituido en el país la censura previa.
¿Se imaginan a los directivos de los diarios leyendo las páginas de opinión para decidir qué se publica y qué no? Las redacciones se habrán transformado en salas de censura. Mientras a los lectores se les habrá condenado a recibir solo la opinión que a criterio de los directivos no ponga en riesgo al medio y al articulista, con lo cual habrán violentado el artículo 18 de la Constitución, que prohíbe la censura previa; así como el artículo 6 que habla del derecho a opinar, garantizado también en instrumentos internacionales. En tanto, al pueblo se le habrá negado el derecho a estar bien informado.
Cuando el aparato de propaganda del oficialismo repetía, día y noche, en intensas campañas, que el propósito de la Ley de Comunicación era pasar la información a manos de la gente, muchos dijimos que no. Que el objetivo supremo del poder era controlar la información para así pretender implantar el pensamiento único.
Qué pena no habernos equivocado.
El engaño comenzó cuando para someter al control de una Superintendencia se calificó a la comunicación como un bien público, cuando se trata de un derecho ciudadano.
La Ley de Comunicación, contiene "disposiciones poco precisas" y "regula a los medios audiovisuales y escritos de un modo que cercena la libertad de prensa", dice el informe anual de Human Rights Watch (HRW) presentado recién en Brasil.
Hoy ha quedado claro que la verdadera intención de la Ley era hacerse con el control del contenido de los medios de comunicación; incluso, metiendo miedo con sentencias.
Con el caso "Bonil" se les ha caído las máscaras y el poder ha quedado al descubierto.
Para el Ecuador es el fin del derecho supremo de opinar y el fin del pensamiento libre. Para el totalitarismo, la gloria. ¡El imperio de la censura!
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