Daniela Chacón Arias
08 Apr 2013
En mi artículo anterior inicié la primera de una serie de artículos donde analizaré la situación de Ecuador frente a las características principales (sociedad civil, sociedad política, estado de derecho, aparato estatal eficiente y sociedad económica) que de acuerdo a los autores Linz y Stepan definen a regímenes como más o menos democráticos, a fin de aportar al debate sobre la calidad de democracia en este país.
En esta segunda entrega de la serie ¿Hay democracia en Ecuador? voy a analizar la primera de estas características. La sociedad civil implica la existencia de garantías legales para que los ciudadanos puedan asociarse y expresar libremente sus opiniones y valores sin que existan represalias de ningún tipo. Los miembros de estos grupos, organizados en ONGs, cámaras, asociaciones de individuos, etc, no necesitan haber ganado elecciones para promover legítimamente sus causas. La existencia de la sociedad civil permite que se discutan diferentes visiones y que se fiscalice desde la sociedad al poder público.
Para entender mejor la caracterización realizada por Linz y Stepan quiero acudir a Habermas para quien la sociedad civil tiene dos componentes principales uno institucional y otro social. El primero se refiere al conjunto de instituciones que enmarcan y permiten el ejercicio de los derechos civiles, políticos y económicos de los ciudadanos, y el segundo se refiere a los valores, principios y demandas sociales que las diferentes organizaciones plantean continuamente, así como la vigilancia de la aplicación de sus derechos adquiridos.
Es así que la sociedad civil es el espacio donde los ciudadanos interactúan con el Estado y el mercado. En este espacio, los ciudadanos agrupados en una infinidad de organizaciones no estatales, comunican sus intereses, generan consensos, libran batallas de valores y buscan influenciar los procesos políticos para que sus intereses sean universalizables. La importancia de una vibrante sociedad civil radica precisamente en la existencia de un ámbito independiente donde se definen problemas sociales, se sugieren soluciones, se dan interpretaciones distintas a las que el poder público o el mercado entregan, se fijan nuevas identidades colectivas y se ejerce presión a favor de ciertas políticas. Además, la sociedad civil cumple otro papel fundamental que es reaccionar ante las interferencias del Estado y el mercado y denunciar sus abusos.
No todos los intereses de las organizaciones que conforman la sociedad civil son universalizables y por supuesto que habrá ocasiones en las que ciertas asociaciones pretendan defender privilegios, sin embargo estos son riesgos que las sociedades deben asumir en el proceso de formación de la opinión pública y la adopción de políticas públicas. Es precisamente en este espacio y bajo la esfera del Estado de Derecho, donde los diferentes actores definen qué intereses son legítimos y pueden ser adoptados universalmente. Esta interacción es la que da legitimidad a los procesos políticos ya que no basta con votar y echarse para atrás a esperar que los representantes tomen decisiones, sino formar parte activa de la construcción de estos procesos.
Para que este proceso de interacción sea exitoso debe regirse por ciertas reglas tales como la libertad, la igualdad de las partes y la no coacción. Las libertades, de asociación, reunión y de expresión, son entonces uno de los puntos clave para que las diferentes organizaciones puedan articular sus intereses y la no coacción es la contrapartida fundamental de este principio. Cuando existen barreras legales, económicas o sociales para que las diferentes organizaciones de la sociedad civil puedan articular sus intereses, se cae en el riesgo de que sea únicamente el Estado o el mercado los que construyen los procesos políticos dejando fuera otras visiones que son tan legítimas como aquellas emanadas de estas dos instituciones.
En el Ecuador de hoy, ¿tenemos una sociedad civil vibrante? Me atrevo a decir que nuestra sociedad civil aún está en pañales y que en vez de avanzar para empezar a caminar y consolidarse, corre el riesgo de retroceder y ser cooptada por el Estado omnipresente. La sociedad civil en el Ecuador enfrenta una serie de barreras, por ejemplo, el reglamento que regula la materia ha sido modificado por este gobierno* para establecer restricciones a sus actividades y coartar su proliferación.
Así por ejemplo se exige que para crear organizaciones no gubernamentales (ONG) se requiere de US $400 o $4000 de capital inicial (dependiendo del tipo de ONG) impidiendo que personas de escasos o medianos recursos puedan asociarse legalmente para defender sus intereses. Por otro lado, si bien las ONGs están exentas de impuestos, aquellas personas que donan recursos no pueden deducir dichas donaciones de sus impuestos, desincentivando una cultura de aportes y condenando a las ONGs a vivir de la cooperación internacional. Lo que es más grave es que este reglamento establece como causal de disolución de una ONG el: "Comprometer la seguridad o los intereses del Estado, tal como contravenir reiteradamente las disposiciones emanadas de los Ministerios u organismos de control y regulación". Esto implica que existe una discrecionalidad absoluta de parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo para determinar si una ONG continua existiendo o no.
Ya vimos un ejemplo en el caso de Acción Ecológica, a la cual sometieron a un proceso de despojo de su personería jurídica por expresar una opinión política sobre la minería en el Ecuador. Otro ejemplo es el caso de Fundamedios que se ve sometida constantemente a vejaciones en las sabatinas presidenciales por denunciar el deterioro de la libertad de expresión en el país. Lamentablemente no hay muchos ejemplos más ya que existen pocas organizaciones de la sociedad civil que enfrentan al poder o transmiten posiciones políticas.
Las organizaciones de la sociedad civil no solo existen para hacer obras sociales o para agrupar profesionales o religiosos, sino que también existen para enfrentar y controlar al poder desde la visión que defienden y para promover sus legítimos intereses. En este sentido, la sociedad civil también es eminentemente política y ello no es deleznable. Sin organizaciones, asociaciones o movimientos que tengan un espacio para promover sus legítimos intereses no existe sociedad civil y sin sociedad civil no hay democracia.
* Decreto 2372 (Suplemento del Registro Oficial 16, 6-II-2007), Decreto 610 (Registro Oficial 171, 17-IX-2007), Decreto 848 (Registro Oficial 253, 16-I-2008), Decreto 982 (Registro Oficial 311, 8-IV-2008), Decreto 1389 (Registro Oficial 454, 27-X-2008), Decreto 1795 (Registro Oficial 628, 7-VII-2009), Decreto 109 (Suplemento del Registro Oficial 58, 30-X-2009), Decreto 812 (Registro Oficial 495, 20-VII-2011).
En esta segunda entrega de la serie ¿Hay democracia en Ecuador? voy a analizar la primera de estas características. La sociedad civil implica la existencia de garantías legales para que los ciudadanos puedan asociarse y expresar libremente sus opiniones y valores sin que existan represalias de ningún tipo. Los miembros de estos grupos, organizados en ONGs, cámaras, asociaciones de individuos, etc, no necesitan haber ganado elecciones para promover legítimamente sus causas. La existencia de la sociedad civil permite que se discutan diferentes visiones y que se fiscalice desde la sociedad al poder público.
Para entender mejor la caracterización realizada por Linz y Stepan quiero acudir a Habermas para quien la sociedad civil tiene dos componentes principales uno institucional y otro social. El primero se refiere al conjunto de instituciones que enmarcan y permiten el ejercicio de los derechos civiles, políticos y económicos de los ciudadanos, y el segundo se refiere a los valores, principios y demandas sociales que las diferentes organizaciones plantean continuamente, así como la vigilancia de la aplicación de sus derechos adquiridos.
Es así que la sociedad civil es el espacio donde los ciudadanos interactúan con el Estado y el mercado. En este espacio, los ciudadanos agrupados en una infinidad de organizaciones no estatales, comunican sus intereses, generan consensos, libran batallas de valores y buscan influenciar los procesos políticos para que sus intereses sean universalizables. La importancia de una vibrante sociedad civil radica precisamente en la existencia de un ámbito independiente donde se definen problemas sociales, se sugieren soluciones, se dan interpretaciones distintas a las que el poder público o el mercado entregan, se fijan nuevas identidades colectivas y se ejerce presión a favor de ciertas políticas. Además, la sociedad civil cumple otro papel fundamental que es reaccionar ante las interferencias del Estado y el mercado y denunciar sus abusos.
No todos los intereses de las organizaciones que conforman la sociedad civil son universalizables y por supuesto que habrá ocasiones en las que ciertas asociaciones pretendan defender privilegios, sin embargo estos son riesgos que las sociedades deben asumir en el proceso de formación de la opinión pública y la adopción de políticas públicas. Es precisamente en este espacio y bajo la esfera del Estado de Derecho, donde los diferentes actores definen qué intereses son legítimos y pueden ser adoptados universalmente. Esta interacción es la que da legitimidad a los procesos políticos ya que no basta con votar y echarse para atrás a esperar que los representantes tomen decisiones, sino formar parte activa de la construcción de estos procesos.
Para que este proceso de interacción sea exitoso debe regirse por ciertas reglas tales como la libertad, la igualdad de las partes y la no coacción. Las libertades, de asociación, reunión y de expresión, son entonces uno de los puntos clave para que las diferentes organizaciones puedan articular sus intereses y la no coacción es la contrapartida fundamental de este principio. Cuando existen barreras legales, económicas o sociales para que las diferentes organizaciones de la sociedad civil puedan articular sus intereses, se cae en el riesgo de que sea únicamente el Estado o el mercado los que construyen los procesos políticos dejando fuera otras visiones que son tan legítimas como aquellas emanadas de estas dos instituciones.
En el Ecuador de hoy, ¿tenemos una sociedad civil vibrante? Me atrevo a decir que nuestra sociedad civil aún está en pañales y que en vez de avanzar para empezar a caminar y consolidarse, corre el riesgo de retroceder y ser cooptada por el Estado omnipresente. La sociedad civil en el Ecuador enfrenta una serie de barreras, por ejemplo, el reglamento que regula la materia ha sido modificado por este gobierno* para establecer restricciones a sus actividades y coartar su proliferación.
Así por ejemplo se exige que para crear organizaciones no gubernamentales (ONG) se requiere de US $400 o $4000 de capital inicial (dependiendo del tipo de ONG) impidiendo que personas de escasos o medianos recursos puedan asociarse legalmente para defender sus intereses. Por otro lado, si bien las ONGs están exentas de impuestos, aquellas personas que donan recursos no pueden deducir dichas donaciones de sus impuestos, desincentivando una cultura de aportes y condenando a las ONGs a vivir de la cooperación internacional. Lo que es más grave es que este reglamento establece como causal de disolución de una ONG el: "Comprometer la seguridad o los intereses del Estado, tal como contravenir reiteradamente las disposiciones emanadas de los Ministerios u organismos de control y regulación". Esto implica que existe una discrecionalidad absoluta de parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo para determinar si una ONG continua existiendo o no.
Ya vimos un ejemplo en el caso de Acción Ecológica, a la cual sometieron a un proceso de despojo de su personería jurídica por expresar una opinión política sobre la minería en el Ecuador. Otro ejemplo es el caso de Fundamedios que se ve sometida constantemente a vejaciones en las sabatinas presidenciales por denunciar el deterioro de la libertad de expresión en el país. Lamentablemente no hay muchos ejemplos más ya que existen pocas organizaciones de la sociedad civil que enfrentan al poder o transmiten posiciones políticas.
Las organizaciones de la sociedad civil no solo existen para hacer obras sociales o para agrupar profesionales o religiosos, sino que también existen para enfrentar y controlar al poder desde la visión que defienden y para promover sus legítimos intereses. En este sentido, la sociedad civil también es eminentemente política y ello no es deleznable. Sin organizaciones, asociaciones o movimientos que tengan un espacio para promover sus legítimos intereses no existe sociedad civil y sin sociedad civil no hay democracia.
* Decreto 2372 (Suplemento del Registro Oficial 16, 6-II-2007), Decreto 610 (Registro Oficial 171, 17-IX-2007), Decreto 848 (Registro Oficial 253, 16-I-2008), Decreto 982 (Registro Oficial 311, 8-IV-2008), Decreto 1389 (Registro Oficial 454, 27-X-2008), Decreto 1795 (Registro Oficial 628, 7-VII-2009), Decreto 109 (Suplemento del Registro Oficial 58, 30-X-2009), Decreto 812 (Registro Oficial 495, 20-VII-2011).
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