Por: Diego Araujo Sánchez
19/Diciembre/2011
Sería irresponsable callar. No, no es posible el silencio. La acusación presentada por el asambleísta César Montúfar ante el fiscal distrital del Guayas, Antonio Gagliardo, reviste una gravedad enorme. Y la poca confianza que subsiste en la justicia ecuatoriana está en juego con la investigación y el proceso judicial de esa denuncia.
Montúfar ha hallado indicios para aseverar que la sentencia dictada por el juez temporal Juan Paredes en la que impone tres años de cárcel a los directivos de El Universo y al exdirector de Opinión de ese diario y les condena a pagar la suma de $40 millones como indemnización al presidente Correa no fue redactada por Paredes, sino que procede de uno de los defensores del presidente, el abogado Gutemberg Vera. La inferencia se desprende de un análisis del archivo electrónico de la sentencia y del archivo de una ponencia redactada por Vera como conjuez de una sala de la Corte del Guayas. El análisis técnico señala que los dos archivos tienen el mismo origen. La acusación de Montúfar coincide con las declaraciones del extécnico informático Jaime Martínez, separado de sus funciones en el Consejo de la Judicatura del Guayas por ayudar a la copia del disco duro del Juzgado XV de lo Penal. Su testimonio, en entrevista de El Comercio, proporciona otros indicios que deberán ser valorados por Gagliardo. Se suma todo esto al juicio que sigue el defensor de El Universo contra Paredes por falsedad ideológica.
Una sentencia que no es redactada por el juez, sino por el abogado de unas partes, con una indemnización millonaria a favor del presidente, es una acusación de una acción descomunal de corrupción, que no puede quedar como un fuego de artificio y sin una investigación seria, imparcial y confiable. Coincido con la pregunta de Carlos Jijón en estas mismas páginas: "¿Es que nadie se da cuenta de la atrocidad moral que, si fuera cierta, esa acusación significa? Lo que Montúfar propone es la existencia de un gigantesco acto colusorio en el que habrían participado nada menos que jueces de la Función Judicial, y hasta el mismísimo Consejo Transitorio de la Judicatura, la participación de una inmensa maquinaria del poder para falsificar una sentencia que beneficia al presidente…".
Por ahora, solo debo expresar que me siento herido y defraudado por las declaraciones del abogado Vera en reacción a la denuncia de Montúfar: los insultos que endilga al asambleísta son "payaso, mentiroso, descalificado, sicario intelectual, espíritu canino y servil, farsante, títere, seudo político frustrado, perro…", según recogen los diarios. Cuando las palabras se han devaluado tanto, y las descalificaciones se imponen como razón de Estado y hasta quieren pasar a la categoría de la ironía y el sarcasmo, hay que pedir menos gritos destemplados y adjetivos hirientes y más argumentos y razones. No pocas veces la falta de estos últimos se cobija en los primeros.
Preferiría creer, como Carlos Jijón, que la injusta y arbitraria sentencia es fruto de un error antes que de un acto de corrupción de esa magnitud. Y queda todavía la esperanza de que se imparta justicia. No quisiera pensar, como declaró hace tiempo el asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, que la mayoría de jueces penales debería estar en la cárcel….
Sería irresponsable callar. No, no es posible el silencio. La acusación presentada por el asambleísta César Montúfar ante el fiscal distrital del Guayas, Antonio Gagliardo, reviste una gravedad enorme. Y la poca confianza que subsiste en la justicia ecuatoriana está en juego con la investigación y el proceso judicial de esa denuncia.
Montúfar ha hallado indicios para aseverar que la sentencia dictada por el juez temporal Juan Paredes en la que impone tres años de cárcel a los directivos de El Universo y al exdirector de Opinión de ese diario y les condena a pagar la suma de $40 millones como indemnización al presidente Correa no fue redactada por Paredes, sino que procede de uno de los defensores del presidente, el abogado Gutemberg Vera. La inferencia se desprende de un análisis del archivo electrónico de la sentencia y del archivo de una ponencia redactada por Vera como conjuez de una sala de la Corte del Guayas. El análisis técnico señala que los dos archivos tienen el mismo origen. La acusación de Montúfar coincide con las declaraciones del extécnico informático Jaime Martínez, separado de sus funciones en el Consejo de la Judicatura del Guayas por ayudar a la copia del disco duro del Juzgado XV de lo Penal. Su testimonio, en entrevista de El Comercio, proporciona otros indicios que deberán ser valorados por Gagliardo. Se suma todo esto al juicio que sigue el defensor de El Universo contra Paredes por falsedad ideológica.
Una sentencia que no es redactada por el juez, sino por el abogado de unas partes, con una indemnización millonaria a favor del presidente, es una acusación de una acción descomunal de corrupción, que no puede quedar como un fuego de artificio y sin una investigación seria, imparcial y confiable. Coincido con la pregunta de Carlos Jijón en estas mismas páginas: "¿Es que nadie se da cuenta de la atrocidad moral que, si fuera cierta, esa acusación significa? Lo que Montúfar propone es la existencia de un gigantesco acto colusorio en el que habrían participado nada menos que jueces de la Función Judicial, y hasta el mismísimo Consejo Transitorio de la Judicatura, la participación de una inmensa maquinaria del poder para falsificar una sentencia que beneficia al presidente…".
Por ahora, solo debo expresar que me siento herido y defraudado por las declaraciones del abogado Vera en reacción a la denuncia de Montúfar: los insultos que endilga al asambleísta son "payaso, mentiroso, descalificado, sicario intelectual, espíritu canino y servil, farsante, títere, seudo político frustrado, perro…", según recogen los diarios. Cuando las palabras se han devaluado tanto, y las descalificaciones se imponen como razón de Estado y hasta quieren pasar a la categoría de la ironía y el sarcasmo, hay que pedir menos gritos destemplados y adjetivos hirientes y más argumentos y razones. No pocas veces la falta de estos últimos se cobija en los primeros.
Preferiría creer, como Carlos Jijón, que la injusta y arbitraria sentencia es fruto de un error antes que de un acto de corrupción de esa magnitud. Y queda todavía la esperanza de que se imparta justicia. No quisiera pensar, como declaró hace tiempo el asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, que la mayoría de jueces penales debería estar en la cárcel….
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