REFORMA PELIGROSA / Pachano, Abelardo

El destino final del BCE parece ser el definido por los neoliberales cuya visión extrema les llevó, hace muchos años, en un momento de euforia académica a proponer su eliminación del esquema de organización del Estado Moderno. Ahora, el Gobierno nacional que dice representar una visión opuesta, también extrema y con inconsistencias evidentes por la forma como conduce, entre otras cosas las decisiones vinculadas con esta institución, coincide en el inoficioso papel del BCE en la economía ecuatoriana. Para ello ahora plantea una reforma legal silenciosa, aparentemente inocua pero que puede llegar a ser mortal. La propuesta cursa en la Asamblea y busca eliminar el art. 2 de la Ley de Régimen Monetario, con lo cual se borran las responsabilidades elementales del BCE dentro de la dolarización. A qué nos referimos. A las disposiciones que garantizan la libre disponibilidad de los dólares que depositan el IESS, las entidades públicas y los bancos privados que por disposición de este artículo, hoy en proceso de eliminación, perderían su vigencia, lo que significa que si mañana el BCE no tiene liquidez para cubrir el retiro de esos depósitos porque se invirtieron en bonos o compra de cartera nacional sin garantía ni un mercado al cual puede recurrir para venderlos, se podría producir por primera vez en la historia la suspensión de pagos del Central, que está maniatado al no emitir esta moneda. Las secuelas que eso traería en la estabilidad del sistema económico nacional son imprevisibles, ya que se generaría un efecto demoledor de pérdida de confianza en cascada muy complejo de explicar y peor de manejar. Argentina es un ejemplo histórico. Pero la reforma no queda ahí, elimina también la prohibición, consistente con la norma anterior, para que el BCE compre o invierta en bonos del Estado ecuatoriano, abriendo de esta forma la puerta para que el Gobierno transforme el balance del ex instituto emisor en una caja de financiamiento fiscal con dinero que no le pertenece, sino que es de propiedad del sistema financiero -de los depositantes-, del IESS, de municipios y otras instituciones. El Comercio, 5 feb. 2010, p. 12