EL CASO OXY / El Comercio

Tras largos años de análisis, el CIADI falló en la controversia que interpuso la Oxy al Estado ecuatoriano. La decisión polémica revive el debate sobre soberanía y seguridad jurídica. Los convenios internacionales son constitucionalmente mandatorios. El fallo del viernes tuvo la inmediata reacción del Presidente: el pedido de nulidad. USD 1 770 millones es una cifra de la que el erario nacional no dispone y el tiempo que tarde la instancia de anulación hará correr más intereses. Si el país se niega a pagar las presiones podrían ser severas. El Estado oportunamente debió llegar a un acuerdo con Oxy que evite esta engorrosa y millonaria indemnización. Desde el 2006 el país ha recibido ingresos mucho mayores del monto que ahora debe pagar pero no guardó dinero para esa posibilidad. Es grave el impacto a la imagen del país y la nueva sospecha de falta de seguridad jurídica y protección a las inversiones foráneas. El Comercio, 9 oct. 2012, p. 10