RENUNCIAS Y DESPIDOS / Cordero Díaz, Carlos

Finalmente ha sucedido lo que se advirtió en el mes de junio cuando se promulgó el decreto ejecutivo 813. En ese momento, mediante la reglamentación a la Ley Orgánica del Servicio Público, se estableció la figura de las renuncias voluntarias para los servidores públicos. A pesar de que en su oportunidad la Asamblea Nacional no incorporó en la Ley la propuesta del Ejecutivo sobre el tema, el Gobierno lo introdujo vía reglamento. Es evidente que el Gobierno intentó utilizar el término renuncia para dar un rasgo de legalidad a su decisión, sin embargo ha quedado claro que lo que se pretendía era una simple separación del cargo. Todavía no se muestra lo que se pretende con esta medida, más aún cuando, como ha ocurrido en varios hospitales públicos, las vacantes producidas han creado problemas con la atención de los pacientes. En los próximos días sin duda, cuando comience a ingresar el nuevo personal, se podrá saber lo que realmente buscaba el gobierno con las "renuncias obligatorias". También se ha mencionado que han sido cancelados servidores que no cumplen con sus obligaciones, diciéndose incluso que han cometido actos de corrupción. Sin embargo, en ningún caso se ha dado a conocer ni los incumplimientos ni los actos de corrupción. Por último y lo que causa mayor preocupación es que se diga que se utilizó al servicio de Inteligencia policial para descubrir los actos de corrupción. Más aún no se muestran los informes y si, no se sigue el debido proceso, se puede especular con las razones para la cancelación laboral. Un ejemplo de esto es la denuncia que han hecho algunos funcionarios del Banco Central, que dicen que fueron removidos por no estar alineados. Tomado de la página Web El Tiempo, 14 nov. 2011,