¿ESPERANZA ESTÉRIL? / Neira, Xavier

Reglas de juego claras -léase seguridad jurídica- es lo que el empresario necesita y es lo que reclama del poder. Sin desmerecer los incentivos del Código de la Producción, lo primero que llama la atención, es el énfasis recurrente en apoyar pequeñas y medianas empresas y, en general, a sectores de la economía popular y solidaria, como si hubiesen estado invisibilizados y marginados en las políticas públicas del pasado, lo cual es falso. Un segundo aspecto es la excesiva delegación que hace el Legislativo a favor del Ejecutivo para que se expidan reglamentos necesarios para la vigencia del Código, lo que virtualmente convertiría a este en una ley marco aplicada discrecionalmente por el gobierno de turno. En tercer lugar, pese al concepto "incluyente" que domina el léxico oficialista, el Código excluye de los incentivos tributarios a nuevas inversiones que se realicen en Quito y Guayaquil, lo cual viola el principio de igualdad, uno de los más importantes para la aplicación de los derechos. Por último, el salario digno es la cereza del postre. "La revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo (no inmediato) hasta alcanzar el salario digno", dice la transitoria 25 de la Constitución. Es decir a través del salario básico llegaremos al salario digno. Nada tienen que ver las utilidades al respecto. Se viola, así, el principio de progresividad que manda la Constitución, para instalar la inmediatez que propone el Código. Hoy, 8 nov. 2010, p. 4