EL COSTO DE UN ANILLO / Klinkicht, Susana

La consulta realizada en las parroquias Tarqui y Portete sobre si permitir o no la minería en su territorio no tiene validez legal, pero sí ha tenido un gran impacto publicitario. A pesar de que participó un número reducido de personas en comparación con los habitantes que los organizadores reclaman resultarían afectados por la explotación de oro en Quimsacocha, la votación logró reacciones de concejales, ministros y hasta el propio presidente de la República. Fue, más que una consulta formal, una forma eficaz de manifestarse. Las respuestas, sin embargo, han sido decepcionantes. La mayoría niega la validez, incluso moral, de la medida, mientras pregona vagamente la "minería responsable" como solución. La Prefectura del Azuay y el Municipio de Cuenca se han enfrascado en la justificada defensa de sus atribuciones frente al Gobierno Central, que las desconoce, alegando que se trata de un sector estratégico de la economía. Es probable que la decisión que se tome ahora al respecto signifique la opción por un modelo en que el predominará la presión de ganar cada vez más dinero rápido para pagar programas gubernamentales de asistencia social, en vez de buscar más productividad y un desarrollo sobre bases más sólidas. Hoy, 10 oct. 2011, p. 4