JUSTICIA EN LOS CONFLICTOS MINEROS / Hoy

El Gobierno decidió intervenir esta semana en la provincia de Zamora Chinchipe, zona minera por décadas, y lo hizo con un despliegue inusitado de la fuerza pública, aparentemente necesario, según el Gobierno, para ingresar en un territorio difícil, sobre todo cuando el objetivo final era desalojar a pequeños y medianos mineros que han vivido de esta actividad. El primer saldo de esta acción son cinco heridos. Pero, más allá de los lamentables enfrentamientos, debe analizarse el futuro de toda la gente que subsistió de una explotación minera al margen de la Ley. En Zamora, gran parte de la población ha dedicado todos sus esfuerzos para extraer de la tierra su riqueza mineral, y el principal error del Estado fue convertirse en simple observador de los hechos y no en su necesario regulador. Aquello dio lugar, indudablemente, al descontrol y los excesos que perjudicaron al medioambiente de la zona. A eso, se suma el perjuicio económico por la realización de una actividad altamente rentable, sin ninguna contribución efectiva en impuestos para el Estado. Por estas consideraciones, resultaba necesario que se empiece a ordenar la explotación minera del país. Pero la intervención de la fuerza pública solo representa la primera parte. La segunda, tal vez la más importante, es no desamparar ni desconocer que muchos de estos mineros, hoy desalojados, llegaron a la zona mucho antes que las empresas extranjeras que tienen hoy a su favor concesiones de los yacimientos de oro más grandes. Toda esta gente, con regulaciones y bajo el mando de la Ley, merece continuar en la actividad, tomando en cuenta al mismo tiempo el compromiso y la responsabilidad de no seguir contaminando el medioambiente. Estableciendo zonas protegidas y de prohibida explotación minera que sirvan como reservas naturales. Modernizando, en definitiva, un trabajo productivo altamente cotizado a escala mundial que podría servir a corto plazo como una de las principales fuentes de ingreso para el presupuesto público. Es necesario hacer públicas las concesiones realizadas a las compañías mineras extranjeras, dejando en claro cómo se hará el reparto de las ganancias y cuál será el porcentaje que corresponderá al Estado ecuatoriano. Hoy, 17 sep. 2010, p. 5