DE VETOS Y BONOS / El Comercio

Una nueva polémica instaló el veto presidencial a 80 artículos de la Ley de Servicio Público. Ahora se pone en cuestión la compra de renuncias e indemnizaciones de los trabajadores que dejarían varios de los 470 000 puestos de trabajo que ocupa la burocracia nacional. El veto abrió interrogantes y causó reacciones. En la Comisión de los derechos de los trabajadores se cuestiona el procedimiento presidencial por el cual se elimina el texto aprobado por la Asamblea y se lo sustituye por la compra de renuncias obligatorias, lo cual contraviene disposición expresa de la Constitución (art. 138). Allí se señala que un texto alternativo de una objeción parcial no puede incluir temas no contemplados en el proyecto. Se teme que el nuevo texto auspicie los despidos intempestivos. Punto polémico del veto parcial es el pago con bonos del Estado (títulos con valor nominal, no dinero en efectivo) a aquellos empleados cuyas partidas se supriman y también a los jubilados. El Presidente dijo que un 70 por ciento se pagaría en metálico y solamente si no hubiese liquidez se acudiría al pago con bonos. Las autoridades advierten que su aplicación se deberá reglamentar. Otro tema que preocupa a los servidores públicos es la anunciada compra obligatoria de renuncias. Esto enciende la protesta de los burócratas que anuncian una marcha para mañana jueves. A nadie escapa que estos años ha crecido el aparato burocrático, cuando la lógica de equilibrio fiscal dice lo contrario. ¿Hay problemas de liquidez? El Comercio, 22 sep. 2010, p. 10